En 1990 el problema del calentamiento global tenía unos responsables claros, los países desarrollados eran el origen del 75% de las emisiones; y un objetivo también claro, estabilizar las emisiones mundiales a finales del siglo XXI, afectando lo menos posible al crecimiento económico. Fruto de está visión es la Convención Marco de Naciones Unidas:
- Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán…
- Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes incluidas en el Anexo I (países desarrollados y en desarrollo) se comprometen específicamente a lo que se estipula a continuación:
- a) Cada una de esas Partes adoptará políticas nacionales y tomará las medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Esas políticas y medidas demostrarán que los países desarrollados están tomando la iniciativa en lo que respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones antropógenas de manera acorde con el objetivo de la presente Convención, reconociendo que el regreso antes de fines del decenio actual a los niveles anteriores de emisiones antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal contribuiría a tal modificación, y tomando en cuenta las diferencias de puntos de partida y enfoques, estructuras económicas y bases de recursos de esas Partes, la necesidad de mantener un crecimiento económico fuerte y sostenible, las tecnologías disponibles y otras circunstancias individuales, así como la necesidad de que cada una de esas Partes contribuya de manera equitativa y apropiada a la acción mundial para el logro de ese objetivo.
IPPC 1992Las propuestas del IPPC se centraban en:
- Sustitución del carbón por gas natural y energías renovables.
- Consecución de una energía nuclear segura para inicios del siglo XXI
- Control de la deforestación y limitación de las emisiones de origen agrícola y ganadero
- Aumento del rendimiento energético mediante mejoras tecnológicas
A pesar de esta situación tan favorable, hasta 1997 no se aprobó el Protocolo de Kyoto, la herramienta para poner en marcha la Convención durante el periodo 2008-2012. Para su entrada en vigor era necesaria su ratificación por al menos 55 países que representaran más del 55% de las emisiones. EEUU que lo había firmado bajo el mandato de Clinton, se negó a ratificarlo en 2001 bajo la presidencia de G. Bush. Sin embargo, y de forma inesperada, el protocolo entró en vigor en 2004 tras la ratificación por Rusia, uno de los mayores productores de carbón, gas y petróleo, a cambio del apoyo de la UE para su entrada en la Organización Mundial de Comercio.
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en 1990 alcanzaban el 100 %, para 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95 %. Esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5 % como mínimo, sino que este es un porcentaje a escala global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir la contaminación global.
El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo.3 Estados Unidos, mayor emisor de gases de invernadero mundial,4 no ha ratificado el protocolo.
El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC.
Antecedentes
El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios de dichos países pactaron reducir en al menos un 5 % en promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004.
El objetivo principal es disminuir el cambio climático antropogénico cuya base es el incremento forzado del efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son más fríos y violentos. Esto se conoce como calentamiento global. «Estos cambios repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras economías», señala la Comisión Europea sobre Kioto.
Una cuestión a tener en cuenta con respecto a los compromisos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es que la energía nuclear queda excluida de los mecanismos financieros de intercambio de tecnología y emisiones asociados al Protocolo de Kioto,5 pero es una de las formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cada país.6 Así, el IPCC en su cuarto informe, recomienda la energía nuclear como una de las tecnologías clave para la mitigación del calentamiento global.
Entrada en vigor
Se estableció que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando lo ratificasen los países industrializados responsables de, al menos, un 55 % de las emisiones de CO2. Con la ratificación de Rusia en noviembre de 2004, después de conseguir que la UE pague la reconversión industrial, así como la modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras, el protocolo ha entrado en vigor.
Además del cumplimiento que estos países han hecho en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero se promovió también la generación de un desarrollo sostenible, de tal forma que se utilice también energías no convencionales y así disminuya el calentamiento global.
Países y regiones participantes
Estados Unidos
El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton firmó el acuerdo pero el Congreso de su país no lo ratificó por lo que su adhesión sólo fue simbólica hasta 2001 en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo, según su declaración, no porque no compartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la aplicación del Protocolo es ineficiente (Estados Unidos, con apenas el 4 % de la población mundial, consume alrededor del 25 % de la energía fósil y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo4 ) e injusta al involucrar sólo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores de gases en vías de desarrollo (China e India en particular), lo cual considera que perjudicaría gravemente la economía estadounidense.
La Unión Europea
La Unión Europea, como agente especialmente activo en la concreción del Protocolo, se comprometió a reducir sus emisiones totales medias durante el periodo 2008-2012 en un 8 % respecto de las de 1990. No obstante, a cada país se le otorgó un margen distinto en función de diversas variables económicas y medioambientales según el principio de «reparto de la carga», de manera que dicho reparto se acordó de la siguiente manera: Alemania (-21 %), Austria (-13 %), Bélgica (-7,5 %), Dinamarca (-21 %), Italia (-6,5 %), Luxemburgo (-28 %), Países Bajos (-6 %), Reino Unido (-12,5 %), Finlandia (-2,6 %), Francia (-1,9 %), España (+15 %), Grecia (+25 %), Irlanda (+13 %), Portugal (+27 %) y Suecia (+4 %).
España
España se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones un máximo del 15 % en relación al año base. Pero es el país miembro que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado. El incremento de sus emisiones en relación a 1990 durante los últimos años ha sido como sigue: 1996: 7 %; 1997: 15 %; 1998: 18 %; 1999: 28 %; 2000: 33 %; 2001: 33 %; 2002: 39 %; 2003: 41 %; 2004: 47 %; 2005: 52 %; 2006: 49 %; 2007: 52 %; 2008: 42,7 %.7 8
Argentina
Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 % del total de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto. Pese a ello ratificó el acuerdo, previa aprobación del Congreso Nacional el 13 de julio de 2001, a través de la Ley Nacional 25.438.9 En consecuencia, su condición de país adherente hace que deba comprometerse con la reducción de emisiones o, al menos, con su no incremento.
Canadá
El 11 de diciembre de 2011 Canadá abandonó el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático para no pagar las multas relacionadas con el incumplimiento de la reducción de emisiones. Este anuncio lo hizo pocas horas después de la conclusión de la cumbre sobre el cambio climático de Durban.
Después de Kioto
Las llamadas Partes (miembros de la CMNUCC) se reunieron por primera vez para su seguimiento en Montreal, Canadá, en 2005, donde se estableció el llamado Grupo de Trabajo Especial sobre los Futuros Compromisos de las Partes del Anexo I en el marco del Protocolo de Kioto (GTE-PK), orientado a los acuerdos a tomar para después de 2012.
En diciembre de 2007, en Bali, Indonesia,se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento, así como la 13ª cumbre del clima (CoP 13 o COP13), con el foco puesto en las cuestiones post 2012. Se llegó a un acuerdo sobre un proceso de dos años, u hoja de ruta de Bali, que tiene como objetivo establecer un régimen post 2012 en la XV Conferencia sobre el Cambio Climático, (también «15.ª cumbre del clima», CdP 15 o COP15) de diciembre de 2009, en Copenhague, Dinamarca,y COP 16 en Cancún, México, fecha del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. En Cancún los más de 190 países que asistieron a la Cumbre adoptaron, con la reserva de Bolivia, un acuerdo por el que aplazan el segundo período de vigencia del Protocolo de Kioto y aumentan la «ambición» de los recortes. Se decidió crear un Fondo Verde Climático dentro de la Convención Marco que contará con un consejo de 24 países miembro. Éste será diseñado por un comité de transición que formarán 40 países. También se llegó al compromiso de proporcionar 30 000 millones de dólares de financiación rápida, aunque se reconoce la necesidad de movilizar 100 000 millones de dólares por año a partir de 2020 para atender a las necesidades de los países en desarrollo.
Esa hoja de ruta se complementa con el Plan de Acción de Bali, que identifica cuatro elementos clave: mitigación, adaptación, finanzas y tecnología. El Plan también contiene una lista no exhaustiva de cuestiones que deberán ser consideradas en cada una de estas áreas y pide el tratamiento de “una visión compartida para la cooperación a largo plazo”.
Segundo periodo del Protocolo de Kioto
La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020.
La duración de este segundo periodo del Protocolo será de ocho años, con metas concretas al 2020. Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia,y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la prórroga.
En torno a la Plataforma Durban, la decisión fue continuar con el grupo de trabajo aprobado el año pasado en Sudáfrica. Las partes podrán exponer observaciones sobre planes nacionales de acción respecto a la mitigación y adaptación del cambio climático, con el objetivo de superar las barreras y alcanzar una homologación a escala internacional.
La canalización de financiamiento y tecnología de apoyo a países en desarrollo tuvo avances importantes. Los países desarrollados reiteraron su compromiso de continuar el financiamiento a largo plazo, con miras a movilizar 100 mil millones de dólares para adaptación y mitigación hasta el 2020.
Además, las partes acordaron seguir con esfuerzos para implementar Planes Nacionales de Adaptación en países en desarrollo. Para ello, iniciaron diálogos sobre el mecanismo de daños y pérdidas que permitan el reconocimiento financiero a países víctimas de desastres climáticos significativos.
La aprobación de un nuevo programa para desarrollar capacidades mediante la educación y el entrenamiento sobre cambio climático fue también considerada una herramienta para crear conciencia pública que permita una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
En el desarrollo de la cumbre, Ecuador presentó varias propuestas, entre ellas Emisiones Netas Evitadas (ENE), iniciativa que se convirtió en un mecanismo principal de la convención, el cual planea un proceso de implementación a través de un programa creado con esta finalidad.
Esta iniciativa marca un balance positivo para Ecuador en el tema de cooperación ambiental.“Aunque la participación internacional estuvo marcada por un compromiso débil y metas poco ambiciosas de cooperación, en torno a la reducción de emisiones, el país continúa trabajando en iniciativas ambientales”, señaló Lorena Tapia, la ministra del Ambiente de ese país.
¿Qué es el Protocolo de Kyoto?
Para responder a la amenaza del cambio climático, la ONU aprobó en 1997 el Protocolo de Kyoto, que fue ratificado por 156 países y, finalmente, rechazado por los mayores contaminantes del mundo: Estados Unidos y Australia. El Protocolo establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en una media del 5,2 por ciento con respecto a los niveles de 1990 para el año 2012. El comercio de emisiones, el principal mecanismo para alcanzar esta meta, fue impulsado por los Estados Unidos a raíz de la fuerte presión de las grandes empresas. El acuerdo divide y privatiza la atmósfera como si fueran parcelas e instituye un mecanismo de compra y venta de ‘permisos de contaminación’ como si se tratara de una mercancía cualquiera.
¿Qué son los permisos de contaminación y cómo se comercia con ellos?
De acuerdo con el Protocolo de Kyoto, los ‘contaminantes’ son países que han aceptado unos objetivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero durante un período de tiempo predeterminado. Estos países son los que más contaminan, es decir, los que se suelen conocer como “desarrollados”. Estos países reciben entonces una serie de ‘permisos de derechos de emisión’, que serían equivalentes a sus niveles de emisión en 1990 más/menos su compromiso de reducción de emisiones. Estos permisos se calculan en unidades de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. Una tonelada de dióxido de carbono equivaldría a un permiso. Los permisos, en realidad, no son otra cosa que licencias para poder contaminar hasta los límites fijados por los acuerdos de Kyoto. Los países, posteriormente, asignan los permisos a las industrias más contaminantes de su territorio nacional, normalmente de forma gratuita. Con este sistema, el que contamina es recompensado.
Una vez disponen de los permisos, las industrias pueden utilizarlos de varias formas:
- Si la industria contaminante no utiliza toda su asignación, puede guardarse los permisos para el próximo período o vendérselos a otra industria contaminante en el mercado.
- Si la industria contaminante utiliza toda su asignación durante el período de tiempo fijado, pero contamina más, debe comprar permisos a otra industria que no haya utilizado toda su asignación.
- La industria contaminante puede invertir en programas para reducir la contaminación en otros países o regiones y, de este modo, ‘generar’ créditos que después puede vender, depositar o utilizar para compensar el déficit de la asignación original.
Los proyectos de generación de créditos que se despliegan en un país que no tiene un objetivo para reducir emisiones, que suelen ser países del llamado ‘mundo en vías de desarrollo’, están cubiertos por el polémico Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL). Los proyectos que se ejecutan en países que sí cuentan con objetivos de reducción se realizan según lo dispuesto por lo que se conoce como Aplicación conjunta (AC).
Los proyectos MDL y AC pueden ser de muy diversos tipos: plantaciones con monocultivo de árboles para absorber dióxido de carbono; proyectos con energías renovables, con fuentes solares o eólicas, por ejemplo; mejoras tecnológicas en la generación de energía; captura de metano de vertederos; mejoras básicas en fábricas contaminantes, etcétera. La cantidad de créditos generados por cada proyecto se obtiene calculando la diferencia entre el nivel de emisiones con el proyecto y el nivel de emisiones que se produciría en un hipotético futuro alternativo sin el proyecto. Partiendo de este futuro imaginario, la industria contaminante puede elaborar un cuadro catastrófico de las emisiones que supuestamente se habrían producido sin el proyecto MDL o AC de la empresa. Este sistema fomenta que se hagan suposiciones sobre lo que habría sucedido en el futuro sin el proyecto y en el peor de los escenarios posibles. Cuanto mayores sean las emisiones hipotéticas, mayores serán las supuestas reducciones y mayor será también el número de créditos que se podrá vender. Sin embargo, es imposible saber cuántas emisiones se habrían generado sin el proyecto.
Pero los árboles absorben dióxido de carbono y eso es positivo, ¿no?
Los árboles absorben dióxido de carbono, pero también lo liberan. Calcular con exactitud cuánto se absorbe y cuánto se libera durante la vida de un solo árbol ya es bastante complicado, pero intentar realizar estos cálculos con todo un bosque o una plantación de árboles es imposible. Se ha demostrado que los bosques vírgenes tienen una capacidad mucho mayor que las plantaciones de monocultivos para absorber mayor dióxido de carbono del emitido. Las plantaciones, además, tienen otros graves impactos sobre la biodiversidad, el clima y las comunidades cercanas que no quedan reflejados en los cálculos sobre reducción de emisiones.
¿Está Plantar en el mercado?
En 2001, Plantar adquirió y puso en marcha plantaciones de eucalipto en grandes extensiones de terreno de Felixlândia, Brasil, donde se filmó este documental, con el objetivo de demostrar la ‘adicionalidad’ de las plantaciones (es decir, que las plantaciones son algo añadido a sus operaciones habituales). Plantar intentó, sin éxito, registrar tres veces sus plantaciones y procesos industriales en el MDL para empezar a generar unos créditos de derechos de emisión muy lucrativos. Anteriormente, su propuesta consistía en cultivar plantaciones de eucalipto que se podrían utilizar para producir carbón y así evitar actividades mineras.
Finalmente, la junta ejecutiva del MDL aprobó en agosto de 2007 otra versión del proyecto de Plantar; esta vez, para reducir emisiones mediante la captura del metano generado con la quema en hornos del eucalipto para crear carbón para las fundiciones de hierro de Plantar. Este hierro se utiliza después para fabricar acero −el 60 por ciento destinado a la exportación− que se usa principalmente en la construcción de maquinaria y automóviles. Éste es sólo un ejemplo de los muchos que demuestran que muchas grandes industrias contaminantes están obteniendo beneficios y creándose una legitimidad medioambiental en el mercado internacional de emisiones a expensas de las comunidades locales. La resistencia local e internacional ante estos proyectos es de vital importancia para denunciar las injusticias perpetuadas con este comercio y su incapacidad para abordar la amenaza del cambio climático. La resistencia en Brasil y en el plano internacional ha servido para presionar a la ONU con el fin de que siga rechazando este tipo de solicitudes. Pero es necesario mantener esa presión para asegurarse de que no se acepte a empresas como Plantar y para poner en tela de juicio la eficacia del comercio de emisiones en la lucha contra el cambio climático.
¿Qué tiene que ver en todo esto el Banco Mundial?
El Fondo Prototipo del Carbono (PCF) del Banco Mundial, inaugurado en 2000, invierte el dinero de empresas y gobiernos en proyectos concebidos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y generar créditos que después se puedan vender en el mercado. El Banco se han convertido en el mayor intermediario público en la adquisición de derechos de emisión, y está obteniendo sustanciosas comisiones con la venta de los créditos generados por los proyectos. En 2002, el Banco Mundial cerró un acuerdo para adquirir reducciones de emisiones del proyecto de Plantar.
En aquel momento, como el proyecto no había sido aceptado por el MDL, los créditos que se generaban eran ‘reducciones de emisiones voluntarias’ (VER), que son emisiones que sólo pueden utilizar empresas y personas físicas en el mercado voluntario. Cuando un proyecto funciona plenamente de acuerdo con las disposiciones del MDL, genera ‘reducciones de emisiones certificadas’ (CER), que son aquellas que las empresas y los países pueden utilizar para medir el cumplimiento de los objetivos de Kyoto. Las reducciones certificadas tienen mucha mayor demanda que las voluntarias, y también alcanzan un precio muy superior en el mercado. Se ejerció una importante presión para que el proyecto de Plantar fuera aceptado por el MDL, de modo que generara más beneficios para Plantar y el Banco Mundial.
El comercio de emisiones no es la solución al cambio climático
El comercio de emisiones es un sutil método para aplazar los cambios que se deben realizar para que la economía mundial reduzca sus emisiones. Estos cambios son, en teoría, muy sencillos: reducir el consumo de energía, ir abandonando los combustibles fósiles, y adoptar modelos equitativos y justos para la producción y el consumo de energía. Pero en la práctica, estos cambios plantean un desafío global que comporta un cambio social y político, y que atañe a cuestiones como derechos territoriales, explotación neocolonial, comercio y relaciones entre Norte y Sur. El Sur no es un vertedero para la contaminación del Norte. Es fundamental reconstruir estas relaciones entre el Norte y el Sur y abordar la histórica deuda ecológica. La incapacidad del Protocolo de Kyoto para abordar el cambio climático es también un ejemplo de los problemas que padecen los procesos de decisión democrática y un síntoma muy claro de las injusticias que inundan las relaciones internacionales entre los pueblos. De este modo, el cambio climático se puede contemplar como un marco a través del que afrontar un verdadero cambio social.
Gobierno Planetario - Proyecto del Arq. Roberto Gomes 